Las acciones de exigencia de la Segunda Caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida arrancaron este lunes, 28 de marzo de 2022, en las ciudades de Ambato y Riobamba y se extenderán en siete ciudades del territorio nacional hasta el 2 de abril.
Esta caravana busca respuestas del sistema judicial y del presidente Guillermo Lasso, que nueve meses después de asumir su mandato, todavía no responde cuál es su plan de gobierno para dar respuesta a las desaparición de personas en el país”, así lo señalaron la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y laF undación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), en su discurso de inauguración del recorrido.
Ambato: inicio de exigencia por una respuesta célere ante irregularidades
La Caravana salió desde Quito la madrugada de este lunes hacia la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, con el fin de acudir a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura de la provincia para exigir justicia y celeridad en los casos de personas desaparecidas en Ambato, sobre todo en la investigación por la desaparición de Giovanna Pérez Constante,quién fue vista por última vez en el 2010.
Las acciones de exigencia, visibilización y memoria iniciaron con una marcha desde el parque La Merced hasta la Fiscalía de Tungurahua.
Durante el recorrido se escuchaban consignas de alrededor de 30 personas que acompañaban a Yanera Constante, madre de Giovanna (desaparecida) y a Laura Paredes, madre de Jairo Ávalos, fallecido en circunstancias aún no esclarecidas.
A este evento de inauguración asistieron medios de comunicación locales y ciudadanía tungurahuense para conocer las acciones de la Caravana. Ante esto, Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, mencionó que no existe un sistema de búsqueda efectiva para personas desaparecidas en el país.
«Siempre nos dicen que no tienen presupuesto, nuestro pedido es que la Ley de personas desaparecidas sea aplicada en todos los rincones del Ecuador, que no se quede en letra muerta y en la ineficiencia del Estado», enfatizó Rueda.
Luego de este acto los familiares y amigos de personas desaparecidas y encontradas sin vida se trasladaron al Consejo de la Judicatura de Tungurahua para ingresar un recurso de apelación al informe del director Provincial de Tungurahua de ese entonces, Juan René Carranza Martínez, no investigar la denuncia en el caso de Giovanna Pérez por la filtración de información reservada y archivarla el 14 de septiembre del 2021.
Para la madre de Giovanna este documento permitirá que se revea la actuación de los 21 funcionarios de la Fiscalía de Tungurahua que debieron ser sancionados y destituidos por vulnerar su derecho a la reserva desde los dos meses de la desaparición de su hija, por ocho años.
Riobamba
A la ciudad de Riobamba llegamos en horas de la tarde. Se realizó un plantón en los exteriores de la Fiscalía de Chimborazo a las 16:30 para exigir respuestas en el caso de María Esther Morocho, quien fue víctima de muerte violenta. También se desarrolló una marcha por las calles de la ciudad,que tuvo como punto de llegada la Policía Judicial para ingresar un oficio a la institución.
A través de consignas, los familiares y amigos de personas desaparecidas y encontradas sin vida manifestaron sus inconformidades con el sistema judicial del país y con la inoperancia en los casos de sus seres queridos. Las y los ciudadanos, en un principio indiferentes, también brindaron muestras de apoyo a los manifestantes por sus denuncias a la problemática social.
La jornada de incidencia en las dos ciudades finalizó con la proyección del documental “Nadie se cansa” producido por Inredh en 2021. El film se transmitió en la Casa de la Cultura, Núcleo de Riobamba a las 19:00 horas.
El 29 de marzo arribamos a la ciudad de Chillanes para conocer avances en el caso de Smith Muñoz, desaparecido el 18 de marzo de 2017. Posteriormente, en horas de la noche,se transmitirá el documental ‘Como el rasgar de un fósforo’ en la ciudad de Cuenca.
Contexto
En el informe se señala que existen inconsistencias en las estadísticas sobre personas desaparecidas emitidas por el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto pese a que hace cuatro años, estas dos entidades anunciaron la unificación y verificación de las estadísticas con el fin de evitar inconsistencias en las cifras que fueron denunciadas por los propios familiares de personas desaparecidas en el 2016 y 2018.
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