María Beatriz Córdova Usamá fue desaparecida en el 2006. Casi un mes después, parte de sus restos óseos fueron localizados en dos maletas. Se inició la investigación por asesinato, pero sin esclarecer las pistas el caso se archivó. Su esposo y familia narran su lucha por encontrar justicia.
Mi nombre es Néstor Salazar*, esposo de María Beatriz Córdova Usamá, quien salió el jueves 26 de enero de 2006 a trabajar en la Cámara de Comercio de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, como todos los días lo hacía. Ahí laboraba como recaudadora de cuotas de los socios de la Cámara de Comercio, pero ese día no regresó.
El 27 de enero presenté la denuncia por la desaparición de mi esposa, el caso fue ingresado y asignado a Augusto Semanate Caicedo, fiscal del Distrito. A los 25 días, aproximadamente, de su desaparición se encontró restos humanos de sexo femenino en dos maletas de viaje. Según el expediente, la primera maleta apareció el 20 de febrero y la segunda cinco días después, junto al Camal de Salcedo en Cotopaxi. Este hecho fue recogido por los bomberos de la ciudad.
María Beatriz Córdova tenía 44 años cuando fue desaparecida. Foto: archivo familiar
Pese al hallazgo, María Beatriz no fue sepultada de inmediato debido a que se debía esperar las pruebas de ADN que confirmaran su identidad. Las pocas osamentas encontradas fueron sepultadas cuatro meses después de su hallazgo, el 23 de junio del 2006, luego de que las pruebas de ADN confirmara que era de María Beatriz.
El informe médico forense determinó que la causa de muerte se debió a una hemorragia interna, pero en la misma página se indica que fue apuñalada por la espalda hacia el pulmón. Así el caso por desaparición se cerró y continuó la investigación por el delito de asesinato, con el mismo número de expediente, en el distrito de la Fiscalía de Cotopaxi.
Iniciaron las investigaciones pero no para saber que pasó con María Beatriz, sino que me investigaron a mí. Durante un año me dediqué a investigar y a sugerir pruebas para demostrar que yo no soy responsable de la desaparición y asesinato de mi esposa.
Las pistas desaparecieron de Fiscalía
La hipótesis que tenemos sobre la desaparición y asesinato de María Beatriz nos llevan a Susana V., esposa de un sargento de Policía y amiga personal de María Beatriz, quién proporcionó el número de mi esposa a una persona que ella dice no conocer. Se trata de Fernando A. quien acosó a María Beatriz los meses de octubre, noviembre, diciembre hasta el domingo 22 de enero del 2006. Luego mi esposa sería desaparecida el 26 de enero del 2006.
Nosotros conocemos los nombres y apellidos de la persona que la acosaba en 2006 por las investigaciones de las llamadas telefónicas registradas en la operadora Porta, ahora Claro.
Recuerdo que en el 2008 pedí reportes de las llamadas y mensajes entrantes y salientes del número celular de María Beatriz a la operadora telefónica porque su línea de celular funcionaba, dos años después de su asesinato. Este requerimiento se pidió por escrito junto a mi abogado, Miguel Dávila Zurita, al fiscal del caso, Augusto Semanate. El pedido fue rechazado.
En medio de la negativa de Fiscalía, Augusto Semanate fue cambiado de provincia. Así el caso 171-2006 quedó en manos de varios fiscales encargados porque no había un fiscal titular. El caso pasó abandonado durante un año».
El año 2009, el nuevo fiscal del caso, Raúl Araque, consiguió la autorización del juez para pedir a Porta (Claro) el contenido de llamadas y mensajes, pero la empresa se niega indicando que no contaban con la tecnología para dicho proceso. Esto consta dentro del primer expediente fiscal, tengo copias certificadas.
Pero nosotros seguimos insistiendo. Así un nuevo fiscal encargado, Marcelo Molina Jácome, obtuvo un informe de la operadora donde se registra que el número de María Beatriz funcionó desde el 2006 hasta el 2009, fecha en que se deshabilitó el número. Inclusive, el día 27 de enero de 2006, un día después de su desaparición, existe el registro de una llamada del número de María Beatriz a otro número de Porta (Claro).
Con esta documentación esperaba que la investigación avance, pero no fue así. El secretario de fiscal, Juan Carlos Montero, me preguntó ¿Qué voy a hacer con los resultados de la investigación? Ahí me di cuenta de que estaba luchando contra corriente, porque estaba parcializado el funcionario.
Entregué estos documentos de la operadora en Fiscalía y me despreocupé de fotocopiar. Luego este documento desapareció de la papelera del fiscal y no se pudo hacer ninguna diligencia más. De inmediato pedí que envíe otra petición y la respuesta fue diferente, el contenido de responsabilidades cambió. Cabe destacar esta actitud del sistema de justicia y de quien estuvo patrocinado este momento que no me dio respuestas claras.
En ese documento, Porta (Claro) responde que el número que consta en el historial de llamadas y mensajes, vinculado al celular de mi difunta esposa, era un número virtual que servía para mensajes. Pero no era así. Dicho número registraba llamadas y mensajes antes y después de su desaparición. Después, este número solo aceptaba llamadas entrantes del celular de María Beatriz y no de otros celulares. Esto hasta el 2009 cuando se deshabilitó por completo el número de mi esposa.
Considero que esto estuvo determinado ya por el poder del dinero y el poder político porque aparece responsabilidad en Porta (Claro) de no proporcionar la información y ¿Quién tiene acceso para entrar a la compañía y protegerse después de un crimen? Uno que tenga dinero, que tenga influencia política.
El archivo del caso nos dejó en la indefensión
En el 2010, en medio de mis denuncias porque no se realizaba ninguna pericia para esclarecer el caso, se nombra a Santiago Zumba Santamaría como fiscal titular del caso.
Cuando fui a visitar al fiscal, para preguntarle sobre las versiones de Nelson Pacheco, presidente de la Cámara de Comercio de Latacunga en el 2006; y de Rómulo Herrera, auxiliar de servicio de la Cámara de Comercio, me dijo que no hubo nuevos elementos de investigación que aporte a la resolución del caso.
Por eso, me dijo de forma verbal que se procederá al archivo del caso. Respondí que voy a oponerme con mi abogado y continuaré exigiendo que se investigue. Solicité al coronel Ángel Chiriboga que me ayude con dos agentes para la investigación durante 30 días. El coronel accedió a mi petición y al momento de llegar a la Fiscalía se entera que el caso fue archivado.
El coronel Ángel Chiriboga me llama por teléfono y me dice: «señor Salazar, lamento mucho su caso está archivado, si hay nuevos indicios se reabrirá la investigación». Esas fueron las palabras del coronel. Recién ahí me enteré de que el caso fue archivado, aunque nunca me notificaron de forma escrita. Solo fueron las palabras del fiscal.
12 de mayo del 2011
Como el caso no avanzaba, contraté un abogado por temporadas. Mi última diligencia fue en el 2008 con el jurista Miguel Dávila Zurita cuando hice la solicitud para que la compañía telefónica entregue información de las llamadas y mensajes del número de celular de María Beatriz. Pero la notificación de archivo de caso 171-2006 no lo hicieron así. En mayo de 2011, la notificación fue enviada al casillero del Consorcio de Abogados Pacheco Dávila, pero ya no contaba con el patrocinio del abogado Dávila en esa temporada.
En aquella notificación constaba que el fiscal del caso solicitó el archivo de la causa al juez. En el documento se menciona que fue puesto en conocimiento del denunciante con plazo de 3 días para pronunciarse. Al no existir dicho pronunciamiento, el juez Iván Fabara Gallardo ordena la desestimación y el archivo de la investigación.
En el documento se señala:
«Con fecha 15 de junio del 2021, el Dr. Iván Fabara Gallardo, Juez Penal del cantón de Latacunga, en atención de la decisión fiscal del Dr. Santiago Zumba Santamaría, emite su resolución judicial, disponiendo el archivo de la causa penal N° 171-2006, sin perjuicio de que se pueda solicitar la reapertura de la investigación, cuando aparezcan nuevos elementos que podrían acreditarse, siempre y cuando no estén prescritas. (…)». Sin embargo, yo nunca tuve acceso a esa información y menos aun conocí el plazo para la apelación.
Respuesta de Fiscalía a Néstor Salazar por demanda.
En el párrafo cuatro del documento se observa la solicitud del archivo del caso por el fiscal Santiago Zumba.
Toda la familia, tanto Salazar Tobar como Córdova Usamá nos quedamos en total indefensión. No tuvimos la oportunidad de presentarnos. Según el documento de la Fiscalía, yo tenía tres días plazo para presentar oposición y nunca conocí. En la Dirección Nacional de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado, concurrí con mi hijo y ahí me entregan el documento donde me entero que tuve la oportunidad de oponerme y que me enviaron un auto de citación al casillero del Consorcio de Abogados Pacheco Dávila.
Yo no sé hasta cuando se mantuvo el doctor Miguel Dávila Zurita en el Consorcio. Además, tomando en cuenta que el último trámite fue en el año 2008 y el archivo del caso en el 2011.
Este hecho golpeó mucho a la familia. Nos quedamos casi sin esperanza, pero seguíamos exigiendo que se investigue el caso. Participamos en reuniones con autoridades, vamos a plantones, marchas, entrevistas. Incluso hemos visibilizado la impunidad del caso en congresos de derecho humanos internacionales.
«La documentación llegó a mis manos diez años después»
En el 2018, el caso pasa a la ciudad de Quito por la denuncias que hago a la directora de Gestión Procesal. No es la investigación penal, sino una acción administrativa donde pido que ellos expliquen a su superior, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, por que no hay respuestas a mi denuncia de que el archivo del caso se da sin notificación.
El 23 de julio del 2021, la fiscal Diana Salazar emitió su respuesta donde se manifiesta que puedo ejercer los derechos siempre y cuando, los nuevos elementos no estén prescritos. En ese documento conocí recién que Fiscalía en mayo de 2011 me había citado y que el juez que archivó el caso es Iván Fabara Gallardo. Es decir, que la documentación llegó a mis manos diez años después.
Para mí el argumento de que necesitan evidencias que no estén prescritas para abrir el caso, es una forma de trasladar la responsabilidad de los investigadores a los familiares, pero si al presunto responsable del acoso no le investigaron qué mas puedo pedir.
Un dolor que no cesa
El archivo del caso es doloroso para nosotros, que el caso se haya cerrado nos genera decepción del sistema de justicia e indignación. Una total desconfianza de los familiares de personas desaparecidas en el sistema de justicia y en el sistema de investigación. Aunque, en mi caso si existe responsables, buscaron archivar a como dé lugar en vez de investigar, cómo serán con los demás casos.
La ausencia de un ser querido es un hecho que afecta siempre a los que seguimos día a día buscando respuestas. Esperamos que esto ya finalice y mi papi también se sienta tranquilo, dice Paulo, hijo de Néstor Salazar y María Beatriz. Se hizo lo que se pudo, el ha luchado lo que mas ha podido y nosotros le hemos apoyado también. Veremos que es lo que pasa con el transcurso del tiempo. Ojalá se den respuestas. Si ya no se dan, esperemos que Dios, el que lo hace todo y lo sabe todo, se encargará de tomar las debidas represalias.
Néstor Salazar y sus hijos, en el parque central de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Foto: archivo familiar
Foto principal: Néstor Salazar en la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet exigiendo justicia junto a otros familiares. Foto: archivo Asfadec
*Testimonio recogido y editado por Betshabe Ortiz Flores.
Betshabe Ortiz Flores (Quito, 1997)
BetsyOr14321203 | Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Voluntaria en el área de Comunicación de Asfadec.
