por Asfadec- Desaparecidos Ecuador | Jul 15, 2021 | Pronunciamientos
Quito, 14 de julio del 2021
Señor
Guillermo Lasso Mendoza
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
De nuestra consideración. –
Ref: Solicitud de reunión – Familiares
de personas desaparecidas en Ecuador
Reciba un atento saludo en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos del Ecuador -ASFADEC-, deseándole éxitos en su gestión para el beneficio de todos los/as ecuatorianos/as.
ASFADEC, es una organización sin fines de lucro que nace en el año 2012, que obtiene su personería jurídica a través del acuerdo ministerial número 0121 emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Somos una organización de sociedad civil dedicada a la promoción y exigencia de derechos humanos en Ecuador. Día a día, hemos luchado para obtener respuesta del Estado en la búsqueda, judicialización y reparación después de las desapariciones de seres queridos.
Dentro de las acciones más importantes realizadas por ASFADEC, podemos destacar las siguientes: en septiembre de 2015 presentamos ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas el Informe de situación de personas desaparecidas, en marzo del 2018, viajó a Bogotá, Colombia para una audiencia temática Mujeres y la falta de acceso a la justicia, en el que participó específicamente en el tema de mujeres desaparecidas en el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En octubre de 2018 viajó a Boulder, Colorado, Estados Unidos, para participar en la segunda audiencia temática, en el cual se trató, Situación de personas desaparecidas en Ecuador y derecho a la verdad y justicia, en el marco del 169 periodo de sesiones de la CIDH; del 28 de abril al 11 de mayo del 2019, una comitiva viajó a México para participar en la Quinta Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas “Buscando Encontraremos”, organizado por la Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos de México y Familiares Caminando por Justicia con el apoyo de la Iglesia. Además de la publicación del libro “Una Luz en el Olvido” con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (en adelante INREDH) así como nuestra propia revista digital.
Con esta experiencia, los familiares de personas desaparecidas, junto a organizaciones de derechos humanos, lograron organizar la Primera Caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida en Ecuador, que inició el 21 de marzo de 2021, con el objetivo de exigir a la Fiscalía General del Estado y a sus delegaciones provinciales, celeridad, eficiencia e independencia judicial en los procesos de investigación de los casos y visibilizar y sensibilizar acerca de la desaparición de personas a nivel nacional, como una medida de prevención a esta problemática social.
Con estos antecedentes, y recordando que el Estado ecuatoriano dentro de sus deberes fundamentales establecidos en el articulo 3 numeral 1 de la Constitución Política del Ecuador señala: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales(..)”; lo cual establece que, en aplicación del principio pro homine, todas las normas, tanto del derecho interno como las provenientes de instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, deben guardar armonía con el mandato constitucional y la norma interna en el goce de todos los derechos humanos y constitucionales , y deben estar en defensa del ser humano por sobre todas las otras cosas.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha señalado que: “la política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción y/o implementación de esa política”.
Es meritorio enfatizar en las implicaciones que tiene la participación de las víctimas en casos de graves vulneraciones de derechos humanos, en donde se entiende a los familiares como víctimas indirectas, cuyos sentimientos de frustración e impotencia se intensifican cuando se encuentran frente a la negativa estatal de una participación activa en los distintos procesos. Por tales motivos, la Corte IDH establece que este tipo de actos provocan una afectación a la integridad personal de las víctimas indirectas.
En nuestra calidad de víctimas indirectas, familiares de personas desaparecidas, queremos participar en la construcción y la implementación efectiva de soluciones micro y macro, a corto, mediado y largo plazo para que cada vez la cifras de personas desaparecidas sean menores y que las personas que ya están desaparecidas, puedan regresar a sus casas. Los familiares necesitamos memoria, verdad, justicia y reparación, y esto, se lo consigue con un Estado abierto a las necesidades de las víctimas y dispuesto a hacer efectivo el goce de dichos derechos.
Además, la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con la normativa interna e internacional, insta al Estado a garantizar el derecho de participación en asuntos de interés público y de dirigir peticiones a autoridades a través de los distintos mecanismos previstos en la Constitución y la ley, para el buen funcionamiento de la democracia participativa.
En este mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25), Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (artículo 23) y la Carta Democrática Interamericana (artículos 2 y 27), reconocen el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país sin discriminación ni restricción alguna, en la dirección de asuntos públicos, además de que se resalta la relevancia estratégica del derecho a la participación para el ejercicio pleno de la democracia. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional.
Hemos participado en la construcción de la tipificación del delito de desaparición involuntaria, en la construcción de la Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. A pesar de que no se nos permitió participar en la construcción del Reglamento de aplicación de esta ley orgánica, estamos dispuestos a seguir participando en la construcción de normativa, políticas públicas y demás instrumentos que sirvan para solucionar de poco esta problemática.
En concordancia con la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, en la construcción de normativa y política pública tiene que permitirse a la ciudadanía un rol activo y protagónico manera en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos de interés público, mucho más a víctimas indirectas de una problemática que afecta a más de 2.000 familiares en todo el territorio ecuatoriano.
Bajo estas consideraciones, y por la urgencia de encontrar a nuestros familiares en Ecuador así como la necesidad de que disminuyan la cantidad de personas desaparecidas, comparecemos ante usted, Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, para solicitar lo siguiente:
A nombre de ASFADEC, se nos conceda una reunión formal con usted como máxima autoridad pública, conjuntamente con las y los representantes de los Ministerios e instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas Indirectas, especialmente las instituciones que forman parte del Órgano de Gobierno, el Órgano ejecutor y Entidades Operativas. Además, en el marco del art. 19 de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, que se pueda convocar también a representantes de las instituciones públicas que tienen una participación complementaria y que aportan al Sistema Nacional en el marco de sus competencias.
Esta reunión tiene el objetivo de darle a conocer la situación que viven algunos de los familiares de personas desaparecidas en Ecuador: continuos obstáculos para el ejercicio del derecho a la verdad y acceso a la justicia de las familias de personas desaparecidas y la falta de regulación, alcance y especialización de las unidades consolidadas por el Estado Ecuatoriano para la atención del fenómeno de desaparición de personas; falta de protocolos de atención unificados; falta de procedimientos de sistematización de casos, de estadísticas unificadas, concretas y fehacientes sobre los casos de desaparición en el país; y falta de atención a los mismos. Todo lo mencionado, genera una situación que de forma permanente ocasiona problemas y obstaculiza el funcionamiento de mecanismos eficaces de búsqueda e investigación.
Problemas que, a pesar de los avances legislativos y normativos, a nivel administrativo y del día a día, existen muchos obstáculos para garantizar los derechos de las personas desaparecidas, así como los derechos de sus familiares como víctimas indirectas de sus desapariciones, obstáculos que se presentan desde el momento de tratar de presentar la denuncia a la policía o a la fiscalía.
Además, quisiéramos conocer de primera mano cuál va a ser la respuesta de este nuevo gobierno ante la problemática de personas desaparecidas, las próximas acciones, planes, proyectos, políticas públicas, investigación a nivel macro y micro de esta problemática, así como el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas Indirectas, el cuál debería estar en funcionamiento desde enero del 2020. Ese se cúmulo de gravísimas situaciones expuestas afecta de manera directa el derecho que familiares y amigos de las personas desaparecidas tenemos a una tutela jurídica efectiva, que se ve reflejado en la dificultad de acceso a la justicia, en que sea posible la defensa, en obtener solución en un plazo razonable, y en la plena efectividad de los pronunciamientos de las autoridades competentes. No basta con la existencia formal de recursos, unidades, procedimientos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida.
Queremos acceder a un recurso judicial efectivo contra actos violatorios a nuestros derechos fundamentales y el acceso a la administración de justicia no es un derecho apenas formal que se satisfaga mediante la iniciación de proceso administrativos o de indagaciones, o con la creación de unidades especializadas de fiscales o policías; sino, que implica que la personas obtengamos a lo largo de la actuación y hasta la culminación de la misma la posibilidad real de ser escuchadas, de acuerdo con la ley, que se pueda acceder a la justica, de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo de los valores jurídicos fundamentales y que nos permitan llegar a un objetivo fundamental: saber qué pasó con nuestros familiares.
Por ello, a través de esta reunión, pretendemos establecer acuerdos y compromisos con los representantes de su cartera de Estado y contar con su respaldo, como máxima autoridad del país, para que sea parte de la solución, tanto en prevención, atención, investigación y reparación en los casos de desapariciones en el país, pues no se trata cifras o porcentajes, si no de personas y sus familiares que se ven afectados ante esta situación.
Conscientes del alto riesgo de salud que atraviesa el país por las afectaciones del COVID, sugerimos muy atentamente que esta reunión se desarrolle con los familiares y amigos de personas desaparecidas, con todas las medidas de bioseguridad necesarias, cuyas desapariciones responden a diferentes contextos y circunstancias para tener una visión integral y complementaria de la desaparición en Ecuador.
En esta reunión, quisiéramos participar la Directiva de ASFADEC, dos asesores jurídicos tanto de ASFADEC como de INREDH, un representante de comunicación de ambas instituciones, un representante de fortalecimiento de INREDH, así como familiares que vendrían a nivel nacional para que se pueda otorgar una visión técnica, jurídica y vivencial de la problemática, para que las soluciones y acuerdos sean igual de integrales.
En nombre de cada una de las víctimas de desaparición, queremos dejar por sentado nuestro sincero agradecimiento a usted, señor Presidente, por la atención y consideración a la presente solicitud, y estamos seguros de que, como primer mandatario, dentro de sus atribuciones y deberes resaltará el cumplir y hacer cumplir la Constitución, convirtiéndose en su principal defensor, además de conservar y respetar el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
Confiamos en que, reconociendo su marcada convicción democrática, acogerá favorablemente nuestra petición, ya que somos conocedores de su solidaridad y del objetivo de su gobierno, objetivo enmarcado en guiar a nuestro país en el marco del “gobierno del Encuentro”. Una vez más recalcamos que el único objetivo, como familiares de personas desaparecidas, es que el Estado cumpla con su responsabilidad de velar por el cumplimento de nuestro derecho fundamental a la verdad y a la justicia, para así poder sobrellevar el dolor e incertidumbre que llevamos por muchos años al preguntarse ¿Dónde están nuestros desaparecidos?
Aún buscamos las respuestas a esta pregunta, a las que tenemos derecho y este espacio representaría un camino fundamental para encontrar respuestas, pero, además, para exigir y garantizar nuestro derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación integral como víctimas indirectas de esta problemática.
De antemano, gracias por la atención prestada y por el espacio que se nos otorgará para tratar estos temas de tan suma importancia en nuestro Estado cuyo objetivo principal es el respeto a los derechos constitucionales y humanos.
Atentamente,
Lidia Rueda
PRESIDENTA DE ASFADEC
0701150658
Revisa el documento original: https://bit.ly/36Er6We
